Pepa Luzardo
Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Hace 49 meses el Grupo Municipal Popular perdió un representante en las comisiones de Pleno y órganos representativos por un acuerdo plenario que impulsó el Sr. Alcalde, con el fin de ubicar a los concejales no adscritos que han ido surgiendo este mandato. Ese acuerdo, voluntaria o involuntariamente, perjudicó a los grupos municipales, dado que el Partido Popular pasó de dos representantes a solo uno con la imposición del voto ponderado en las comisiones, dando como resultado que se igualaba en número a los grupos políticos y a los tres concejales no adscritos, alguno de ellos ya tránsfugas, al estar defendiendo los ‘colores’ de partidos distintos a aquellos con los que obtuvieron su acta en las elecciones de 2019. Esto significó imponer un sistema de composición y votación que no está contemplado en el reglamento que establece las funciones del Pleno y sus Comisiones.
Dicho acuerdo fue aprobado el 28 de mayo de 2020 en un pleno extraordinario y urgente. Fue apoyado por el gobierno municipal para modificar el número, denominación, naturaleza, y composición de las Comisiones de Pleno. Solo votamos en contra los grupos políticos de la oposición y ahí empezó nuestra batalla judicial. Primero ganamos en primera instancia, después en apelación y luego este alcalde del PSOE intentó acudir al Tribunal Supremo para interponer recurso de la casación.
La sentencia de primera instancia anuló este acuerdo plenario y dejó claro el derecho-deber de los concejales de estar adscritos a un grupo político. En cuanto a la composición y el derecho de todos los grupos políticos integrantes de la Corporación a participar en los distintos órganos, el fallo establece que debe ser proporcional a la representación entre los distintos grupos políticos en el pleno. Esta primera sentencia fue recurrida en apelación y la justicia nos volvió a dar la razón el 20 de enero de 2022, imponiéndole al recurrente (es decir, al Ayuntamiento) el pago de las costas procesales.
No contento con los dos reveses judiciales, este Alcalde intentó interponer un recurso especial de interés casacional frente a esta última sentencia de enero de 2022 que no fue admitido a trámite, imponiendo una vez más las costas a este ayuntamiento en el auto que nos notificaron en julio de 2022. Fue el 2 de septiembre pasado cuando el juzgado comunicó al ayuntamiento que la sentencia era firme y tenía dos meses, hasta el 2 de noviembre, para anular el acuerdo aprobado en mayo de 2020 y reconfigurar la composición de las comisiones de pleno. Este ha sido el periplo para conseguir demostrar, como hemos hecho finalmente, la vulneración de nuestros derechos y recuperar después de 49 meses la presencia de los concejales que nos corresponden en las Comisiones de Pleno.
Sin embargo, y para nuestra sorpresa, el Sr. Alcalde lleva a este último pleno de octubre una propuesta que a nuestro entender no traslada el contenido de las sucesivas sentencias, ya firmes, que establecen que tal representación debe ser proporcional al números de miembros del pleno. Ahora lo que hace este alcalde -al que el Partido Popular ha ganado durante el presente mandato seis procedimientos en la vía contenciosa- es equiparar los seis concejales del PP a los tres de Podemos (prácticamente es uno, porque dos ya han sido expulsados de su partido por no pagar las cuotas) y a Nueva Canarias, que también tiene tres concejales. Al PSOE no se le ocurre otra cosa que, después del varapalo judicial, asignarnos dos concejales en las comisiones, exactamente igual que a Podemos y Nueva Canarias, a pesar de que triplicamos su representación.
Evidentemente votamos en contra de esta propuesta para ampliar las comisiones hasta 15 miembros y denunciamos que la proporcionalidad no puede ser equiparar al que tiene seis concejales en el pleno, con el que tiene tres. Por eso, nuestro abogado José Mateo ya ha actuado para que sea la Sala del TSJC la que aplique la sentencia.
El Alcalde ha vulnerado, de manera reiterada durante 49 meses, nuestro derecho a participar en las Comisiones de Pleno. Ha vulnerado nuestros derechos eliminando del orden del día de varios plenos asuntos que se ha demostrado tras acudir a la vía judicial que debían haber sido debatidos y le hemos ganado todos los recursos por su actitud antidemocrática y arbitraria, atacando directamente (como así establecen las sentencias sucesivas) nuestros Derechos Fundamentales.
El colmo ha sido una Providencia del Tribunal Supremo, recibida estos días, en relación a un escrito de casación de dos mociones que nos excluyeron en el pleno de mayo de 2021. Concretamente se trataba de una moción para declarar el estado de emergencia social en el área de Servicios Sociales, que agilizaría los procedimientos de esta concejalía, y una moción por la que solicitábamos instar al Gobierno de Canarias a considerar sector prioritario para vacunar a los taxistas, a los miembros de Protección Civil y a los empleados de los supermercados que estaban en primera línea de posibles contagios durante los peores momentos del COVID.
Estas mociones fueron excluidas de manera arbitraria por el Alcalde pero no se contentó con perder las sentencias, sino que quiso llegar al Supremo para recurrir en casación. Para su desgracia tampoco fue admitido ese escrito y tendremos que pagar todos los ciudadanos con nuestros impuestos la falta de respeto a nuestro trabajo, que no es otro que presentar mociones, comparecencias, ruegos y preguntas para ser incluidos en el orden del día del pleno que firma el alcalde. Creo que es el único primer edil de esta ciudad que ha perdido tantos recursos por eliminar y despreciar el trabajo de un grupo municipal, por excluir -en definitiva- las iniciativas políticas de sus contrarios políticos.
He querido redactar este articulo porque considero que los ciudadanos deben conocer hasta qué punto a veces nos sentimos frustrados, no pudiendo defender una moción sobre algún problema que afecta a nuestros vecinos. No nos permitieron ser correa de transmisión de un tema que preocupaba a los ciudadanos, no nos permitieron defender un asunto que en aquel momento, en mayo de 2021, preocupaba mucho. Mientras empezaban a vacunarse a las personas mayores y al sector sanitario, no ocurría lo mismo con otros sectores que también estaban en primera línea, como eran los taxistas, miembros de Protección civil y los empleados de las cadenas de supermercados, un sector declarado esencial entonces.
Nosotros, el Partido Popular de Las Palmas de Gran Canaria, cumplimos con nuestro deber. Otros, como el Alcalde socialista de esta ciudad, ahora premiado como candidato al Cabildo de Gran Canaria por su nefasta gestión, impidió por todos los medios que nosotros defendiéramos en el pleno las propuestas y mociones sobre asuntos que preocupaban a nuestros vecinos.
Ahora puede decir que el tiempo coloca a cada uno en su sitio, Sr. Hidalgo.
