NC enmienda al Gobierno de Clavijo para ordenar el alquiler vacacional por ley

Nueva Canarias (NC) ha enmendado al Gobierno presidido por Fernando Clavijo en el Parlamento para ordenar el alquiler vacacional por ley y así dar una mayor seguridad jurídica a esta actividad en auge. Los nacionalistas progresistas han registrado también otras propuestas de mejora alternativas a la reforma turística del Ejecutivo de CC para evitar la “barra libre” en la construcción de nuevos establecimientos hosteleros y promover un desarrollo sostenible basado en la calidad y con futuro.

El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, declaró que estos dos objetivos defendidos por su formación política se recogen en las siete enmiendas registradas hoy al Proyecto de Ley por el que se deroga el apartado c) del artículo 4.2 de la Ley de 2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias.

Tres de esas propuestas de mejora, según Rodríguez, van destinadas a “dar una mayor seguridad jurídica” al alquiler vacacional al fijar, por ley, unos requisitos “mínimos” para desarrollar una actividad que genera “muchos problemas” a la industria turística reglada, en el mercado del arrendamiento de larga estancia y en la convivencia entre los vecinos de los edificios residenciales.

Frente al “silencio” del Ejecutivo que “aún no ha presentado ni explicado” el nuevo decreto en elaboración desde más de un año, las enmiendas de adición de NC excluyen la posibilidad de ejercer esta actividad en suelo turístico por disponer de una regulación “más benevolente” que la del sector extahotelero, lo que supone una competencia desleal. También, explicó Román Rodríguez, porque el incremento desorbitado de los precios del alquiler “dificulta e impide, en muchos casos”, que los trabajadores puedan arrendar un piso, lo que “está generando muchas tensiones” en las islas.

Nueva Canarias especifica que, por motivos medioambientales, de limitación de recursos naturales o de saturación; el planeamiento urbanístico podrá limitar o excluir la comercialización de viviendas vacacionales en determinadas zonas o en la totalidad de un municipio. Hasta que el planeamiento urbanístico no determine las zonas aptas para la comercialización de esta actividad, el ayuntamiento, mediante acuerdo motivado del pleno, podrá delimitar provisionalmente las zonas donde se permita esta actividad.

Asimismo se plantea que las comunidades de vecinos por mayoría, en lugar de la unanimidad hasta ahora exigida por la norma de aplicación, decidan si permiten o prohíben el alquiler vacacional.

Con respecto a las otras cuatro enmiendas parciales, Román Rodríguez se ratificó en la “rotunda” oposición de NC a la derogación definitiva de la moratoria, lo que supone la “barra libre” para la construcción de nuevos alojamientos turísticos. En NC, añadió, “defendemos” un modelo de desarrollo sostenible, con “presente y futuro”, que evite la ocupación de más territorio, renueve los espacios públicos obsoletos, diversifique la oferta y promueva la formación de las personas que trabajan en el sector.

Con este objetivo, la enmienda propone restringir el crecimiento alojativo con un límite cuantitativo de un 1% de las plazas legales existentes. En consonancia que esta iniciativa se insta, a través de otra enmienda, la supresión de la disposición referida a la “aprobación de los estándares de calidad hasta su establecimiento reglamentario”.

También se cree necesario que se establezca un sistema de seguimiento e inspección de la oferta alojativa, dotada con el personal necesario. En opinión de Rodríguez es “imposible” hacer este trabajo con los 13 inspectores de turismo que existían al finalizar 2017. Un dato que, en su opinión, explica que sólo se levantaran 1.507 actas de inspección, en un sector que en el ámbito alojativo convencional (hoteles, apartamentos, villas, turismo rural) tenía, al finalizar el pasado año, 3.765 establecimientos y 423.428 plazas legales.