El PP exige sancionar a Aqualia por cobrar de más en los recibos y que se le prohíba abastecer El Puertito con agua de un pozo contaminado
![Carmen Luisa Castro. Partido Popular/ canariasnoticias.es Carmen Luisa Castro. Partido Popular/ canariasnoticias.es](https://www.canariasnoticias.es/sites/default/files/2024/03/carmen_luisa_castro_1.jpg)
El Partido Popular (PP) de Güímar ha defendido en el Pleno del Ayuntamiento imponer una sanción a Aqualia por cobrar de más en los recibos de agua a al menos un 30% de los abonados -dato que ha reconocido el gobierno local- y que se le deniegue a la empresa seguir explotando el pozo de Cataño para abastecer El Puertito, porque el pliego de condiciones que rige el contrato le obliga a dejar de usarlo debido a que está contaminado por aguas fecales, tal como en 2019 y 2023 ha constatado Salud Pública.
Durante las sesión plenaria celebrada este 29 de febrero, se aprobó, a propuesta del PP, abrir expediente para penalizar a la empresa por esos cobros indebidos, un punto en el que, a juicio de la portavoz popular, Carmen Luisa Castro, “resultó vergonzante que el concejal del Ciclo Integral del Agua, Airam Puerta (PSOE), tratara de disculpar o justificar los incumplimientos en que una y otra vez incurre la concesionaria, por lo que a veces parece más el gerente de Aqualia que un representante de la ciudadanía”.
El cobro indebido en los recibos afecta, según ha admitido el propio Puerta, a 4.000 clientes, porque la empresa ha pasado recibos por un periodo de hasta 77 días, en lugar de bimestral, lo que hace que el consumo de los afectados se pase del tramo de volumen de agua más barato al más caro.
Puerta trató de reducirlo todo a una mera “incidencia” por el cambio de contadores analógicos a digitales y que la empresa permitirá a los afectados elegir entre devolverle el dinero o compensarles en la siguiente factura. Pero el concejal del PP Francisco Hernández se mantuvo firme, y además de preguntar con sarcasmo a Puerta “si se presentó a las elecciones por el PSOE o por Aqualia”, insistió en que se debe abrir un expediente a la concesionaria y en que debe devolver de oficio el dinero cobrado de más, sin necesidad de que los vecinos tengan que reclamar.
En vista de que Puerta parecía dar por buenas todas las explicaciones de la empresa, la edil del PP Ana Belén Acosta añadió que “con este gobierno Aqualia nunca pierde, sino el ciudadano; de manera que el rico se sigue haciendo más rico y el pobre más pobre, algo que se lo digo al Partido Socialista y Obrero desde la bancada del PP”.
UN POZO CONTAMINADO
En cuanto al pozo de Cataño, la contundente respuesta del PP hizo que el alcalde, Gustavo Pérez, decidiera dejar sobre la mesa la petición de Aqualia. Y es que el Grupo Popular fue tajante en su negativa de que el Ayuntamiento acceda a la pretensión de la compañía de modificar el pliego de condiciones por el que se rige el contrato para permitirle seguir explotando las aguas de este pozo.
Como ya ocurriera en 2019, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno canario ha constatado en otro informe de octubre de 2023 que esta agua presenta una contaminación “muy grave” de nitratos. Ese fue el motivo por el que el Ayuntamiento puso como condición al adjudicar el concurso del ciclo integral del agua dejar de usar esta explotación subterránea, un objetivo al que ahora pretende renunciar el grupo de gobierno, cuando la realidad, subraya el PP, es que las empresas que concurrieron a esta adjudicación sabían a qué se atenían.
En este asunto el PP también se mantiene firme en que Aqualia debe encontrar agua alternativa y que no es de fiar porque ya en noviembre de 2019 el Servicio de Inspección de Salud Pública le requirió un Plan Sanitario del Agua en El Puertito de Güímar, sin que hasta ahora lo haya presentado.
El informe de Salud Pública fechado en octubre de 2023 deja claro que el agua de este pozo hay que filtrarla y desinfectarla pues no es apta para el consumo humano.
Durante este pleno el PP también dejó patente su férrea oposición a que se suban las tarifas un 19%, como ha pedido Aqualia, expediente que ya el gobierno tripartito había anunciado días pasados que lo dejaba sobre la mesa, tras la polémica suscitada.