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El Albergue Insular ha recibido 11.100 animales desde 2017 de los que el 67% han sido adoptados

Canarias Noticias - 25/09/2021
Albergue Insular de animales de Gran Canaria

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria ha conocido a través de la consejera de Medio Ambiente, Inés Jiménez, los resultados de la política que desarrolla su departamento en relación con el abandono de animales domésticos y la situación del Albergue Insular de Gran Canaria. El propósito de la solicitud de información por parte de UxGC, según su portavoz, José Miguel Bravo de Laguna, ha sido que esta actividad sea conocida y valorar el nivel de ejecución y eficacia de los acuerdos con ayuntamientos, así como las instalaciones existentes y el presupuesto que se invierte en este área.
La consejera respondía así a la petición de Unidos por Gran Canaria-Coalición Canaria, detallando las acciones que se realizan con los Ayuntamientos, veterinarios, organizaciones de protección de animales y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La política en esta área se fundamenta en el Pacto de Bienestar Animal, tras lo cual se ha dotado y equipado las instalaciones, así como se han puesto en marcha planes en coordinación con los diferentes agentes. Desde 2017, cuando se puso en marcha el nuevo modelo de gestión del Albergue, se han contabilizado 11.100 ingresos de animales abandonados, de los que el 67% han sido adoptados. Inés Jiménez resaltó que antes de este Plan no había nada en relación con el bienestar animal. Ahora se cuenta con un diagnóstico de recursos, obras realizadas en el Plan de Cooperación, al que ya se han adherido dos Ayuntamientos de la isla para dotar sus municipios de equipamientos. El presupuesto de este Albergue era de 70.000 euros antes de 2017. En la actualidad se destinan 800.000 euros para gestión y otros fondos para campañas y actividades que suman hasta un millón de euros.
Entre los asuntos abordados por el Pleno figura la adenda de 260.000 euros al convenio plurianual que mantiene con el Instituto Canario de Igualdad, para sostener la red de servicios de prevención y protección de las víctimas de la violencia de género de la Isla, que se destinarán a poner en marcha la Casa de Acogida Terapéutica ‘Maday’, que gestionará la Fundación Yrichen. Este nuevo recurso para mujeres que sufren violencia machista y problemas de adicción contará con una financiación de 138.621,13 euros por el Cabildo y con 121.378,87 euros por el Instituto Canario de Igualdad, previstos para las anualidades 2021 y 2022.
Asimismo, la Institución Insular ha dado el visto bueno definitivo a la modificación de la plantilla de personal laboral y funcionario del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial de Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas, y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.
Con este acuerdo, que ha sido refrendado con 20 votos a favor, cinco en contra del Partido Popular y seis abstenciones, la Corporación grancanaria dota al Instituto de los recursos humanos necesarios para que pueda desarrollar sus actividades, programas de actuación, licitaciones y convocatorias públicas.
El órgano también ha acordado la aprobación definitiva del Reglamento de Uso y Gestión del Puerto Deportivo, Pesquero y Científico de Taliarte, con los votos favorables de todos los grupos con representación en el salón de plenos.
Esta norma, que regula los aspectos administrativos, de funcionamiento, explotación y utilización de servicios del recinto portuario, recibió el refrendo inicial de la Corporación Insular el pasado mes de marzo y, tras incorporarse las alegaciones que fueron estimadas por el Consejo Asesor del Muelle de Taliarte, entrará en vigor 15 días hábiles después de su publicación en los boletines oficiales de la provincia de Las Palmas y de Canarias.
El Pleno también ha dado luz verde a tres modificaciones del Plan Estratégico de Subvenciones 2021, al que se incorporan un total de 12.189.314,96 euros, procedentes de otros tantos expedientes de modificación de crédito, que se distribuyen entre 80 proyectos y obras de ayuntamientos, ONG y distintas entidades de la Isla.
En otro punto y con todos los grupos a favor, se ha acordado un gasto plurianual de 356.981,14 euros, para la limpieza y reparación de una barrera dinámica y para el tratamiento del talud del punto kilométrico 19 de la GC-15, en la Vega de San Mateo. Del coste global, 66.933,96 euros se abonarán en la anualidad 2021 y los 290.047,18 restantes, a la de 2022.
En el capítulo de mociones, se ha aprobado por unanimidad la defendida por los grupos Nueva Canarias, el Partido Socialista Canario y Sí Podemos Canarias, por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Se instará a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a ampliar el grupo de edad del Programa de Diagnóstico Precoz del Cáncer de Mama. Además, se pedirá a la misma consejería y al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España que promuevan campañas de sensibilización y que se avance en la investigación, dentro de la Estrategia Nacional en Cáncer.
Se ha debatido, además, una moción de Unidos por Gran Canaria-Coalición Canaria sobre los centros de atención residencial para mayores en Gran Canaria, para solicitar al Gobierno de Canarias que garantice el bienestar de estas personas y a la Consejería de Política Social y Accesibilidad del Cabildo, que redoble sus esfuerzos con ese mismo objetivo. Isabel Mena, consejera responsable de los servicios sociosanitarios, señaló que hay que resaltar que se trata de centros especializados y equipados, preparados para afrontar situaciones de crisis como la de la Covid-19. La consejera rechazó que se ponga en duda la gestión y el grado de exigencia sobre estos equipamientos. La propuesta ha sido
Por último, fue aprobada por 20 votos a favor y 8 abstenciones la moción presentada también por Nueva Canarias, el Partido Socialista Canario y Sí Podemos Canarias, por la grave situación que sufre la activista saharaui de Derechos Humanos Sultana Jaya. Se ha acordado exigir a la ONU, la UE y el Gobierno de España acciones urgentes para proteger a la activista y a su familia, reclamar al Gobierno de Marruecos que respete el Derecho Internacional Humanitario, enviar una comisión médica internacional a la ciudad de residencia de Jaya y acelerar la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.

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