El PP solicita una bajada de las tarifas que el Cabildo de Gran Canaria cobra a los municipios por el tratamiento de residuos
El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria pedirá al gobierno insular una bajada de las tarifas que la Administración insular cobra desde el 1 de enero de 2017 a los municipios por la prestación del servicio de tratamiento de residuos en los dos complejos ambientales de la Isla, Salto del Negro y Juan Grande.
Así lo anunció hoy el portavoz del Grupo Popular, Felipe Afonso El Jaber, quien adelantó que el PP llevará una moción al Pleno de mañana viernes para que se modifique la ordenanza fiscal reguladora de las tasas y sea el propio Cabildo el que anule el canon que deben pagar los municipios al disponer de capacidad financiera suficiente.
El Grupo Popular destaca en su moción que la subida de las tasas aprobada el año pasado con el voto a favor de NC, PSOE, Podemos y UxGC, y el rechazo del PP y el Grupo Mixto, significó en la práctica un incremento de más del doble (101,11%) en la tarifa por tratamiento de residuos municipales, pasando de 26,15 a 52,59 euros por tonelada, mientras que en el caso del tratamiento de lodos y residuos animales la tarifa aumentó un 330%, de 17,21 a 56,90 euros por tonelada.
A juicio del Grupo Popular, esta subida de tasas, que algunos ayuntamientos de la Isla han repercutido de forma directa en el bolsillo de los ciudadanos, no responde a ninguna necesidad recaudatoria del Cabildo, que en aquella fecha ya acumulaba más de 250 millones de euros en sus cuentas corrientes, un saldo que no ha parado de crecer y a día de hoy supera ya los 400 millones de euros.
Además, los ingresos del Cabildo de Gran Canaria han aumentado este mandato en 262 millones de euros –si comparamos el Presupuesto inicial de 2015 y 2018- debido al crecimiento de la actividad económica, por lo que carece de sentido aprobar una subida de tasas para generar un ingreso extra de 14,5 millones de euros para la Corporación insular.
Asimismo, el gobierno insular aprobó esta subida sin consensuarla previamente con los ayuntamientos de Gran Canaria en el Consejo insular de Corporaciones Locales, y rechazando la práctica totalidad de las alegaciones presentadas por 12 de los 21 municipios de la Isla, diez de ellos a través de la Mancomunidad del Norte, y por otras empresas y particulares.
Hay que tener en cuenta además que los grupos políticos de NC y PSOE abogaron en el anterior mandato por no repercutir el aumento de las tarifas en los ayuntamientos, y establecer una subida progresiva del canon, por lo que, en circunstancias mucho más favorables, con un presupuesto de 854,6 millones de euros para 2018, es incomprensible que se mantenga en vigor este incremento de las tarifas.
