El acuerdo entre PSOE y ERC es aparentemente inocuo, pero contiene los elementos suficientes para que nos planteemos cómo afecta, al cumplimiento, o incumplimiento de nuestro texto constitucional.
Ya en la introducción del mismo surgen dos dudas nada baladíes:
En primer lugar, el reconocimiento por el PSOE de la existencia de un denominado conflicto político, puesto que la contraparte siempre ha utilizado esta denominación para plantear la secesión de Cataluña de España.
Un conflicto político entre el Gobierno de la nación y una Autonomía, lo sería sobre el estado de las competencias que se le atribuyen o a propósito de una diferente interpretación sobre la aplicación del respectivo Estatuto de Autonomía, y diferencias de este tipo ha habido bastantes, sin que pongan en riesgo la integridad del territorio nacional.
En segundo lugar, la asunción por el PSOE de la bilateralidad entre el Gobierno de España y el de la Generalitat, lo que parece poner en pie de igualdad la parte con el todo, y esto supone un riesgo que, por la misma lógica que sustentan, puede hacerse extensivo a todas las entidades y niveles institucionales de nuestro país.
En relación al Futuro político de Cataluña que está suficientemente definido en el marco del Estado de las Autonomías como recoge claramente nuestra Constitución, y que de ser necesario, lo que correspondería es modificar ésta, tal y como corresponde a un Estado democrático y de derecho como el nuestro.
A continuación nos encontramos un apartado lleno de buenas intenciones para su resolución mediante “cauces democráticos, el diálogo, la negociación y el acuerdo”, poniendo a nuestro sistema judicial como un impedimento a todo ello, olvidando que el poder judicial forma parte ineludible del sistema democrático con la división de poderes. Ay, si Montesquieu levantase la cabeza.
Después un apartado, aparentemente técnico y referido a la mecánica de cualquier mesa de trabajo y negociación, en su entradilla, llena de los ya reiterados adjetivos de buena voluntad, se reconoce la mutua legitimidad de las partes, lo que en sí mismo no dice nada, salvo que una de ellas, o lo que sería peor, ambas, se sientan legitimadas para violentar y transgredir preceptos y normas Constitucionales. Tan sólo aporta alguna esperanza el final del texto que dice “sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático ̈”.
Una de dos, o esto es la gran colada del PSOE a ERC, dado que en nuestro ordenamiento jurídico democrático está suficientemente claro lo que la constitución dice, o por el contrario es tan sólo palabrería en un texto inicuo que tan sólo pretende violentar todo nuestro entramado institucional y democrático para saltárselo a la torera.
El penúltimo párrafo del acuerdo es el de más miga tiene al someter la validación de los acuerdos alcanzados a una “consulta a la ciudadanía de Cataluña”. Por ello en CONTIGO nos preguntamos ¿Es esto un referéndum encubierto? ¿O por el contrario es una mera fórmula, sin capacidad ni validez jurídica para conocer y pulsar la opinión de los catalanes? De los que quieran participar en esa aparente macroencuesta, claro.
Podemos estar ante el gran teatro del mundo donde nada es lo que parece y se intenta dar gato por liebre a los ciudadanos independentistas catalanes, o, por el contrario, estamos asistiendo a la generación de una lógica en la que, apelando a la democracia directa, todos y cada uno de los territorios de nuestro país, y no me refiero tan sólo a las autonomías, invocando el mismo principio de que democracia directa es la que vale, podamos asistir de nuevo a un “Viva Cartagena” en el que hasta cada municipio o entidad territorial, pueda decidir su pertenencia a la provincia, a la Comunidad Autónoma o al país.
Seguramente hay quien diga que este último planteamiento es exagerado, sesgado y lleno de prejuicios, pero me parecería profundamente antidemocrático que lo que “en una pretendida defensa de la democracia se autoriza a unos, les sea negado a otros con los mismos intereses y deseos. En este país todos tienen que ser tratados por igual y no se pueden consentir privilegios de unas regiones sobre otras. Al menos por eso vamos a trabajar desde CONTIGO.
JOSÉ ENRIQUE AGUAR - Presidente Nacional de CONTIGO