Si hay un colectivo injustamente tratado en este país por parte de la Administración, ese es el de los trabajadores autónomos. El Gobierno español no ha sabido o no ha querido emprender políticas que beneficien a los autónomos durante los peores años de la crisis ni ahora. Son varias las reivindicaciones de estos trabajadores pero existen dos que, de llevarse a cabo, supondrán un aliciente para ellos. La primera de ellas, y la cual considero imprescindible, es suprimir la cuota de autónomo para todos aquellos que no lleguen al salario mínimo interprofesional (SMI). Una vez sobrepasado ese umbral lo justo sería pagar acorde a los ingresos. Es abusivo que tengan que abonar casi 300 euros todos los meses sin importar lo que hayan ganado ese mes. Es verdad que para los nuevos emprendedores se han lanzado en los últimos años algunas iniciativas, como la cuota reducida a la Seguridad Social durante los primeros dos años, pero estas medida se han demostrado insuficientes y no van dirigidos a la totalidad.
El Gobierno actual ha dado la espalda al colectivo y lo que ha intentado es enfrentarlo al resto de trabajadores. Sánchez, en lugar de eso, debería haberse preocupado en mejorar las condiciones de los autónomos y vincular la liquidación de los impuestos al cobro de la factura y no a la emisión de la misma. Ésta es la segunda gran reivindicación de los autónomos a la que se ha hecho oídos sordos desde Moncloa.
El Estado, más que favorecerles, les complica la existencia con obligaciones, sin ampliarles sus derechos y sin tener en cuenta las características y circunstancias de estos trabajadores. No podemos consentir, por ejemplo, la discriminación que se hace desde las instituciones a la mujer autónoma con respecto a otras que desean ser madres. Es una injusticia social que les complica y les hace muy cuesta arriba la conciliación familiar. En este caso, debemos apostar por incrementar los beneficios con disminuciones en las cuotas, tanto de la seguridad social como en el IRPF, por el periodo de lactancia y por la reducción de la jornada para el cuidado de hijos. No son lógicas las diferencias que existen actualmente.
La cotización por días es otra demanda, de las presentadas por la Asociación Autónomos Unidos para Actuar (AUPA), que no pueden esperar. Es una obligación para cualquier político que crea a en la igualdad de oportunidades y derechos impulsar la reforma del sistema de cotización RETA, reducir los pagos abusivos a la administración, exigir una mayor flexibilidad para recuperar el IGIC/IVA de los impagos, mejoras en la ley de segunda oportunidad y una mayor sencillez en las leyes de obligado cumplimiento.
Algo están haciendo mal los gobernantes de este país cuando según Eurostat la tasa de pobreza de autónomos en España es del 23% frente al colectivo de trabajadores de régimen general que supone el 12%. En este sentido será necesario que defendamos en Madrid y donde haga falta las reivindicaciones de los autónomos canarios y del país. Es justo mejorar las condiciones laborales de los que levantan día a día la economía en Canarias y en toda España.
Ángeles Batista Perdomo
Concejal de Unidos por Gran Canaria Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Candidata al Senado
