De disparate en disparate podemita: La nueva «ley Trans» prevé el libre cambio de sexo a menores sin informe médico

El borrador de la «Ley Trans» que ha redactado el Ministerio de Igualdad, y que Irene Montero pretende llevar en los próximos días al Consejo de Ministros, permite el cambio de sexo sin necesidad de pruebas médicas o psicológicas. El único requisito para el cambio en el Registro Civil será la «declaración expresa» de la persona.

Irene Montero y su equipo no han ocultado nunca sus deseos de llevar a buen puerto la propuesta de una ley para la transexualidad que incluyó en el pacto de coalición sellado por su partido y el PSOE. La letra pequeña de dicho pacto no recogía mucho más allá de esa urgencia por aniquilar las discriminaciones que sufren las personas transexuales, que según la Federación Española, representan un 0,01% de la población.

De los cambios ansiados por Montero uno es posible desde la ley de Transexualidad de 2017: el cambio de género en el Registro Civil. Podemos siempre ha reivindicado (y así lo plasma en el articulado de su norma «trans») que no haya que esperar a la mayoría de edad y los menores de 16 y 17 años puedan hacerlo sin autorización paterna; y que no haya que aguardar tampoco, como exige la ley vigente, dos años para acreditar que existe «disforia de género» y puede iniciarse el proceso de transición de género, con cirugía reconstructiva de la biología natural y tratamientos de bloqueadores hormonales.

Aunque la norma aún puede cambiar, la rectificación registral de la mención del sexo «en ningún caso podrá estar condicionada a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno», algo que sí se exigía en la legislación actual, en concreto, un informe médico que diagnosticara a la persona transexual una distrofia de género. Del mismo modo y, según explica Igualdad, para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se elimina el requisito de la mayoría de edad para solicitar la rectificación de la mención registral del sexo, de modo que las personas mayores de 16 años estarán plenamente legitimadas para solicitar por sí mismas la rectificación.

El otro cambio que baraja Igualdad es la introducción de una casilla específica en el DNI, que emanaría en una categoría jurídica nueva en el país a la hora de identificar a cada ciudadano, pero para ello no ha ideado o trasladado aún la propuesta que quiere. Podría ser una «X» como han hecho otros países, pero «esto sería insuficiente porque se conformaría con regular a los intersexuales» y no entraría en el resto de sensibilidades, dicen fuentes conocedoras del proyecto. «Lo que quiere hacer Igualdad es colocar a España entre los adelantados del mundo» y ese paraguas del que hablaba Fernández «se tiene que ver reflejado», agregan. La fórmula «de mínimos» sería copiar a Alemania e introducir solamente en el Registro un ejemplo de «casilla diverso» u «otro», vislumbran esas fuentes. Montero dijo en su intervención en la Cámara Alta que «2021 sería el año en que los transexuales viesen reconocidos sus derechos y necesidades».