Los empleados públicos insisten en exigir una solución para su continuidad

Cientos de empleados públicos catalogados como temporales pese a llevar incluso más de una década trabajando para el Gobierno de Canarias han insistido este sábado en reclamar que no se convoquen oposiciones para cubrir sus puestos y se busque una solución legal para que puedan seguir en ellos.

Reunidos en sendas concentraciones organizadas ante las dos sedes de la Presidencia del Ejecutivo, en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, los afectados han destacado su decisión de "llegar hasta el final para conseguir una salida justa", recurriendo a la huelga que ya tenían anunciada si es necesario dentro de unos días.

Puesto que su decisión es "no permitir que se toque ni a una" de las personas en esa situación, que "no son enchufadas ni puestas a dedo", sino que "se han visto abocadas a una temporalidad abusiva por culpa de unos políticos que no han hecho el trabajo que les correspondía", ha afirmado en declaraciones a Efe Julia Jiménez, portavoz de la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias.

En nombre de ese colectivo y como participante en las movilizaciones de este sábado, que ha recordado se hacían no solo en el archipiélago sino en toda España, donde los trabajadores en esa coyuntura alcanzan la cifra de 800.000, Julia Jiménez ha valorado la respuesta a la convocatoria, en especial porque, según ha asegurado, "no ha podido confirmarse hasta pocas horas antes de su celebración, debido a lo que han tardado en dar los permisos" las autoridades correspondientes.

Y ha recalcado que esta es solo una de las acciones que planean para mantener su exigencia de que se busque una solución que "garantice la fijeza de ese personal sin que tenga que volver a demostrar unos méritos que ya tiene más que probados", frente a las pretensiones expresadas en tal sentido por el Gobierno de Canarias.

Porque "todos los trabajadores afectados ya pasaron en su momento por algún proceso selectivo, y el ejemplo más sangrante es el de los profesores que han aprobado oposiciones pero se han quedado sin plaza por las restricciones en la oferta de empleo público de un año determinado y a los que se contrata como temporales curso tras curso exigiendo que vuelvan a examinarse en otras oposiciones, una vez tras otra si es preciso", ha argumentado.

Desde ese planteamiento, ha demandado "que no se pretenda cargar ahora las responsabilidades de los políticos, que son quienes no han hecho su tarea, sobre las de empleados capacitados y de probada valía que no son culpables sino víctimas de lo ocurrido".

Al tiempo que ha expuesto que imponer a ese personal unas oposiciones en las que se examinarían en igualdad de condiciones con cualquier otro aspirante a su puesto tendría "consecuencias catastróficas, tanto en lo social como en los servicios públicos".

Ello se debe a que "se trata de gente con una edad media de 50 años que lleva 15, 20 y hasta más años trabajando en su puesto y asumiendo grandes cargas laborales desde la experiencia", razón por la que su desaparición pondría en cuestión la marcha de la administración pública misma de las islas, ha sostenido.

Además, ha destacado que, en lo individual, cada uno de esos empleados, entre los que hay más mujeres que hombres, "iría a parar, prácticamente sin excepción, a engrosar las cifras de pobreza y exclusión social, pues se trata de personas con una edad y con cargas familiares".

Por todo ello, ha reiterado su decisión de "continuar en esta lucha hasta lograr una solución justa", sentenciando: "no vamos a parar hasta conseguirlo".