La jueza pide investigar las amenazas relatadas por el ex-edil Javier Abreu

La jueza que instruye el llamado "caso Reparos" ha remitido al Decanato de La Laguna (Tenerife) una copia de las declaraciones del investigado Javier Abreu por si las amenazas que éste dijo haber recibido del entorno del denunciante Santiago Pérez fueran constitutivas de un delito.

De esta manera, la instructora del "caso Reparos", Ana Serrano-Jover, accede a la petición cursada por la fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, quien le había solicitado que abriese una investigación por un presunto delito contra la Administración de Justicia después de que el exconcejal socialista de La Laguna Javier Abreu declarase que se siente amenazado por el entorno del denunciante, el hoy concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez.

Abreu, que declaró el 5 de noviembre en calidad de investigado, defendió además su gestión y la de los exalcaldes nacionalistas Fernando Clavijo y José Alberto Díaz por levantar más de cien reparos del interventor municipal para prorrogar contratos a empresas que prestaban servicios al Ayuntamiento de La Laguna.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha informado este viernes de que la instructora del caso, Ana Serrano-Jover, ha dictado una providencia en la que pide que se remita el testimonio de dicha declaración al Decanato para su reparto entre los juzgados de Instrucción por si los hechos fueran constitutivos de un delito contra la Administración de Justicia.

Para ello la magistrada tiene en cuenta que Javier Abreu declaró que el día anterior a su declaración recibió una llamada de la letrada Sandra Rodríguez en la que le decía que la imputación del exedil socialista en el caso "era un error y que incluso iba a presentar un escrito para apartarlo".

Además Javier Abreu indicó que había recibido "recados de terceras personas y de gente del entorno de Ayuntamiento para que se portara bien" en la declaración porque "esto no iba con él" ya que "la estrella era Fernando Clavijo", se cita textualmente en la providencia.

Asimismo la magistrada ha solicitado que se investigue la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, al haber señalado Javier Abreu en su declaración que habían existido irregularidades en los expedientes de los contratos relativos a Urbaser y los centros ciudadanos de La Laguna.

Igualmente la magistrada ha emitido una segunda providencia en la que declara improcedente la petición de la representación de Santiago Pérez, denunciante del caso, para que investigara la filtración de la grabación en vídeo de la declaración judicial del 5 de noviembre en la que Javier Abreu hizo las alusiones a la llamada de la letrada Sandra Rodríguez.

En concreto la magistrada alude al escrito presentado por la procuradora Esther Martín en representación de Santiago Pérez el 12 de noviembre con dicha petición que, añade, no procede proporcionar "por no ser pertinente para la causa", al tiempo que le recuerda "que todas las partes personadas tienen acceso a las actuaciones y derecho a obtener copia de las mismas".

En cuanto a la publicación en medios de comunicación del citado vídeo, la jueza instructora afirma en la providencia que "lo ignora", puesto que a la vista de las "filtraciones" del procedimiento desde el principio y teniendo los antecedentes de lo que pasó con la prensa en el "caso Grúas", instruido en el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, tomó "la decisión de no leer ninguna noticia de este procedimiento que saliera en los medios ni permito que se me comente por terceras personas, a fin de evitar sugerencias o presiones en la instrucción, que se lleva con criterios estrictamente jurídicos".