Bienestar Social de La Laguna abre un proceso participativo para actualizar la ordenanza de ayudas de emergencia

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Bienestar Social que dirige Rubens Ascanio, ha abierto un proceso participativo para recabar las aportaciones de la ciudadanía a la actualización de la ordenanza reguladora de las Prestaciones Económicas Municipales (PEM), las ayudas económicas de emergencia social. El borrador está ya disponible en la web municipal, donde se podrá consultar durante el plazo de un mes.

El primer teniente alcalde y concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, señala que este proceso “permitirá a toda la ciudadanía realizar aportaciones a este documento clave en la concesión de las ayudas sociales municipales. Desde Bienestar Social nos hemos marcado la necesidad de culminar una actualización de la ordenanza que rige estas ayudas, tras un largo procedimiento técnico, para dotarlas de mayor seguridad, facilitar los trámites y ampliar derechos”, explica.

Las bases de prestaciones económicas han sido elaboradas partiendo de la experiencia y la participación del personal técnico del área de Bienestar Social y Calidad de Vida que interviene directamente en esta materia. Se pretende dar una respuesta eficaz y con criterios unificados ante el nuevo contexto social y económico que plantea nuevas necesidades, para lo que es necesario contar con un nuevo texto que regule las prestaciones económicas del ámbito municipal.

Rubens Ascanio destaca como novedad de la nueva ordenanza la eliminación del criterio de seis meses de empadronamiento para tener derecho a una ayuda, al entender que "cualquier persona con necesidad debe poder acceder a la atención social, con independencia del tiempo que lleve empadronada en el municipio". El concejal entiende que se trata de una medida “que nos equipara con otros municipios y facilita la asistencia a una ciudadanía que cada vez tiene más movilidad".

Rubens Ascanio señala que otros aspectos novedosos incorporados a la ordenanza son el aumento de las cuantías de las prestaciones y la ampliación del concepto de vivienda o alojamiento, que incluye por ejemplo el alquiler de habitaciones o viviendas compartidas. Igualmente dentro de las ayudas a la vivienda se han incluido las amortizaciones de hipotecas.

Además se ha aumentado el límite de los recursos económicos de la unidad familiar para tener derecho a las prestaciones y se ha recogido de forma clara y unificada la documentación a aportar, con el fin de favorecer una tramitación más ágil.