El Ayuntamiento autorizó la continuidad ilegal de Urbaser por 1,36 millones al mes

El portavoz del Grupo XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, anunció que han presentado una nueva ampliación a la denuncia del Caso Reparos en el Juzgado de Instrucción Nº 4 por la autorización de la continuidad del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria a la empresa Urbaser, que en su opinión “se lleva la palma”.

Santiago Pérez recordó que tras presentar la primera denuncia en enero de 2018, hace ya más de un año, “en junio habíamos aportado 114 Decretos del Gobierno o la Alcaldía autorizando la continuidad en la gestión de servicios públicos municipales a empresas cuyo contrato se había extinguido. Todas sin título, a dedo, con la advertencia de ilegalidad formulada por la Intervención General de la Corporación”.

En este caso, la empresa Urbaser gestiona un servicio público prioritario: la recogida de residuos y la limpieza viaria. Son dos servicios distintos pero indisolublemente relacionados, que le fueron adjudicados en un concurso público en el año 2008, por un período de 8 años que admitía otros dos de prórroga legal.

“Así ocurrió. Pero ese contrato con sus prórrogas legales terminó el 30 de octubre de 2018. Y la Alcaldía y la Junta de Gobierno han autorizado a Urbaser a continuar gestionando ese servicio hasta el mes de abril de 2019 o hasta que se adjudique y entre el vigor un nuevo contrato. Y hablamos de un concurso de un importe de 150 millones de euros, lo que significa que cada mes que Urbaser continúa gestionando ese servicio, sin título, factura al Ayuntamiento de La Laguna 1,36 millones de euros”, añadió.

Pérez considera que se trata sin duda del servicio más importante y más caro de los que presta el Ayuntamiento con empresas interpuestas, de gestión indirecta, lo que en realidad es una forma legal de dar servicios públicos por empresas privadas a las que se les adjudica mediante un concurso basado en la libertad de concurrencia y en la igualdad para seleccionar la mejor oferta.

Pues bien, “la decisión de autorizar la continuidad de Urbaser se ha tomado en contra de los informes de la Intervención General, como viene ocurriendo con muchos servicios en los últimos años”, apostilla.

Santiago Pérez añade que “además se ha rizado el rizo porque resulta que según el contrato y el pliego de condiciones, en el momento de terminar el contrato, toda la flota de Urbaser pasaba a ser de propiedad municipal, de forma que el 30 de octubre de 2018 toda esa flota, que no es de Seat Panda ni de pequeños utilitarios sino por camiones, furgones de alta presión, barredoras, cisternas, baldeadoras, palas cargadoras... es del Ayuntamiento”.

Es decir, que “desde el 1 de noviembre la empresa Urbaser está prestando ese servicio con sus trabajadores, pero con una flota del Ayuntamiento, aunque le sigue cobrando lo mismo, y por tanto a los contribuyentes laguneros, como si siguiera prestando el servicio con su propia flota. Esto es un fraude inaceptable con la tolerancia del Gobierno municipal”.

Santiago Pérez recordó también que en el año 2012 el Ayuntamiento de La Laguna, presidido por Fernando Clavijo, decidió exigir a las empresas que gestionaban servicios públicos una reducción de hasta el 20% de la facturación a la que tenían derecho porque ganaron el concurso.

“La Alcaldía no tenía ninguna facultad legal ni contractual para imponer a las empresas la reducción de esa facturación. El contrato es la Ley entre las partes. Pero Clavijo empezó exigiendo a Urbaser una reducción de su facturación del 20%, que al final quedó en poco más del 6%”, explicó.

Sin embargo, entre otras contrapartidas, Fernando Clavijo autorizó algo completamente ilegal: Urbaser tenía la obligación contractual de reponer 46 vehículos de la flota. Era una de las condiciones del consurso. Y les autorizó a renovar exclusivamente 12 vehículos.

“Es decir, los liberó, al margen de la legalidad, de la obligación de reponer 34 vehículos de la flota, porque se entendía que ya su período de vida útil estaba agotado y su amortización cumplida. Y esto solo a cambio de que Urbaser sumara dos puntos porcentuales en la partida destinada a mantenimiento”, dijo.

“Un total de 34 vehículos de altísimo coste, que constituyen la esencia de un servicio público que se presta utilizando intensamente bienes de equipo. ¿Por que si no cómo van a recoger la basura? ¿A hombros? ¿En sacos? ¿Y la limpieza viaria? ¿Con escobas y baldes?”, ironizó.

Santiago Pérez terminó preguntándose si “¿todo esto será a cambio de nada? Cuando en la práctica de la contratación pública, en la que están en juego millones de los contribuyentes, se establece la ilegalidad, es la antesala de todas las corrupciones imaginables: desde la gris o blanda, que consiste en el nepotismo o enchufar gente, rellenar las plantillas de esas empresas de clientes de Coalición Canaria (CC); hasta la negra o delictiva como la financiación irregular de los partidos políticos o sobornos, cohechos y cobros de comisiones ilegales”.

“Cada vez que profundizamos en un expediente de contratación pública en este Ayuntamiento no salimos de nuestro asombro. Cada documento que uno examina, nuevas y graves irregularidades encuentra. Aunque prefiero hablar de ilegalidades. Porque los actos son conformes a la legalidad o no. La frontera no es fácil establecerla,

pero existe. No hay un tercer tipo de actos que al mismo tiempo sean legales o ilegales. Y la ilegalidad se ha establecido en la praxis del Gobierno municipal de La Laguna durante demasiados años ya”.