Antonio Morales urge a adoptar medidas que permitan regular el crecimiento demográfico y ofrecer oportunidades reales a la ciudadanía

El presidente del Cabildo de Gran Canaria advierte de que el aumento demográfico y el crecimiento infinito turístico “plantean desafíos significativos para la sostenibilidad ambiental, social y económica del Archipiélago”

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, urgió hoy a las autoridades canarias presentes en la primera Conferencia de Presidentes de Cabildos Insulares a adoptar políticas que permitan regular el crecimiento poblacional y ofrecer oportunidades reales a la ciudadanía del Archipiélago en torno a un nuevo modelo económico, con el objetivo de superar la situación actual de las Islas, que corren el riesgo de sufrir un colapso debido a la sobrecarga demográfica.

En su intervención en este encuentro, que tuvo lugar en el Parlamento de Canarias en aras de alcanzar consensos en torno al reto demográfico en las Islas, el presidente Morales hizo hincapié en que “el crecimiento poblacional, ligado a un modelo de crecimiento infinito turístico, plantea desafíos significativos para la sostenibilidad ambiental, social y económica del Archipiélago”, afirmó. “La huella ecológica y de carbono ha alcanzado niveles preocupantes y es imperativo tomar medidas para revertir esta tendencia, porque, si todo el mundo consumiera recursos como se hace en las Islas, se necesitarían 3,84 planetas para cubrir esa demanda”.

A este respecto, incidió en que “desde el Cabildo de Gran Canaria llevamos ocho años haciendo nuestra humilde pero importante contribución a esta situación, con la generación de empleo, la lucha contra la pobreza, la creación de oportunidades para los jóvenes y el fomento de la diversificación económica, con apoyo al sector primario, las energías renovables, el I+D+i, las nuevas tecnologías para la desalación y la depuración de aguas, para afianzar la seguridad hídrica, las economías circular y azul, el sector audiovisual, la industria, el comercio, las políticas de cuidados, la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático y la isla inteligente, entre otras acciones”.

 Porque, a su juicio, el modelo de desarrollo que se ha implementado al menos en las últimas cinco o seis décadas está claramente agotado y, como subrayó, es preciso “tener determinación e imaginación política para promover medidas y generar el consenso necesario para cambiar el rumbo, porque lo cierto es que tenemos potencialidades para ser un referente de sostenibilidad y bienestar”.  

Un diagnóstico negativo sobre la situación de la población canaria 

El presidente del Gobierno grancanario radiografió en su discurso la situación que vive actualmente la población canaria y el diagnóstico resultó muy negativo, ya que, según sus palabras, “los hombres y mujeres de Canarias son hoy más pobres que hace dos décadas y se alejan cada vez más de la media europea en renta y poder adquisitivo, a pesar del crecimiento de los indicadores económicos del Archipiélago”, expuso. “La tendencia es general en el conjunto del Estado, el crecimiento del PIB y del empleo son mayores de lo esperado, pero los datos negativos en nuestra tierra están por encima de la media”.

 Destacó, igualmente, que el problema no se sustenta solo en el empobrecimiento continuado, sino también en el aumento de las desigualdades. “Un 0.3% de las y de los canarios (6.477 personas) acumula 22.417,5 millones, una cifra equivalente a la mitad del PIB. Es la mayor suma que nunca han acumulado”, especificó. “Siendo la comunidad con menos PIB per cápita, somos la cuarta en grandes fortunas y, mientras tanto, Canarias registra una tasa de pobreza y exclusión del 35,5%, cuando la media en España no llega al 28%”, cifró. 

De hecho, hizo un repaso a la evolución del PIB canario, para terminar citando al catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, Jose Luis Rivero Ceballos, quien aseguró que “el desarrollo económico de Canarias en este siglo es un desastre y el PIB per cápita de las Islas se distancia negativamente de la media española y europea desde el año 2000”, a lo que Morales añadió que, en estos momentos, la Comunidad Autónoma se sitúa en el último puesto de España en lo que a riqueza por habitante se refiere. 

En este sentido, puso de relieve que, en los últimos 50 años, Canarias ha experimentado un aumento poblacional sin precedentes y consideró “realmente preocupantes”, los incrementos de un 100%, un 70% o un 35% que se han producido en las dos últimas décadas en algunas islas. Una tendencia a la que sumó el hecho de que, paralelamente, el turismo, la principal actividad económica del Archipiélago, no deja de crecer, al haber pasado de los 9.975.977 turistas que llegaron en 2000, a los 14,6 millones de 2022 y los 16 millones de 2023, “una cifra que es prácticamente seguro que se superará este año”, señaló. 

Sin embargo, sostuvo que la renta per cápita en Canarias sigue bajando. “En estas dos décadas, hemos visto incrementarse la llegada de visitantes en un 50% y, aun así, hemos perdido 1.700 euros de renta per cápita”, explicó.   “Vemos, por lo tanto, que el aumento del número de turistas no se traduce en un mayor bienestar para una parte importante de la población canaria y que la estrategia de ‘contar turistas’, es decir, de centrar nuestros esfuerzos en aumentar la llegada de visitantes, ha fracasado”, aseveró.

 Mantuvo, acto seguido, que la sociedad canaria cada día es más consciente de que el crecimiento turístico no es la única vía para aumentar sus ingresos y su bienestar en su sentido más amplio. “Y los datos parecen señalar que existen razones para ello”, sentenció.

 El presidente insular sustentó esa afirmación en “cuestiones que afectan a una mayoría social al margen de ideologías”, como la imposibilidad de poder acceder a una vivienda asequible en los principales núcleos urbanos del territorio, las molestias por la saturación de las infraestructuras y equipamientos públicos y el deterioro de los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o el sistema sociosanitario.

 “Como afecta, igualmente, que Canarias sea la segunda comunidad autónoma de España con el peor salario medio al mes, con solo tres cuartas partes del salario promedio español, lo que hace que muchas personas estén en situación de pobreza, aun trabajando”, continuó describiendo. “O como afectan las restricciones de agua y la inseguridad hídrica de muchos territorios, la contaminación de algunas zonas costeras por aguas fecales o la preocupación por el deterioro de espacios naturales y playas por un afán expansionista sin control que se están dando en algunas islas”, apostilló. 

Necesaria revisión del modelo de desarrollo de las Islas 

Ante este panorama, Antonio Morales declaró que, para afrontar esta situación adecuadamente, es preciso tener en cuenta que no todos los problemas son consecuencias directas del modelo turístico, aunque sí tenga la mayor influencia, y que la situación no es la misma en todas las islas, puesto que existen importantes contrastes, al variar tanto el número de turistas por habitante, como los problemas ambientales y los impactos en las infraestructuras, equipamientos o servicios. 

“Al contrario de lo que ocurre en otras islas, Gran Canaria lleva prácticamente 20 años sin un macroproyecto turístico, el último gran hotel se inauguró en 2015, y ha perdido más de 20.000 camas turísticas en los últimos años”, manifestó. “Y, sin embargo, los grandes proyectos que tenemos en marcha o planificados están vinculados a la transición energética y ecológica, y algunos los han intentado meter en el mismo saco, como Salto de Chira, la próxima convocatoria para la energía eólica ‘offshore’, la reforma de la red de puntos limpios, los platós cinematográficos, el nuevo edificio de Infecar, el transporte guiado, etcétera, o con los servicios públicos, como la red de centros sociosanitarios, el Museo de Bellas Artes, entre otros”, manifestó. 

Asimismo, se refirió al hecho de que se está haciendo mucho énfasis en la cuestión del agua, tanto de vertidos de aguas residuales como de restricciones, dos parámetros que “no tienen una incidencia significativa en Gran Canaria”, recalcó. “Estamos aumentando la reutilización de agua y no estamos vertiendo aguas residuales al mar. De hecho, esta misma semana inauguramos la nueva estación depuradora de Guía y Gáldar, una de las principales reivindicaciones del norte en lo que a tratamiento de aguas se refiere”, recordó.

“En definitiva, hay muchos aspectos de nuestro modelo de desarrollo, que tienen la actividad turística en el centro, que necesitan ser revisados”, dictaminó. “Hoy somos más pobres que hace dos décadas, a pesar de haber doblado el número de turistas, y el incremento poblacional está situando al límite nuestra capacidad para proveer servicios esenciales a la población”, lamentó.

Por ello, instó a trabajar en acciones como la mejora de la calidad del destino, profundizando en su digitalización y haciéndolo más sostenible, y generando servicios de alto valor añadido vinculados a la cultura, la gastronomía, el sector primario y el medioambiente que puedan ser provistos por actores locales.  

“Que los turistas que elijan nuestras islas para descansar estén más tiempo entre nosotros, que generen más gasto en su estancia y que contribuyan a afianzar sectores como la agricultura y la ganadería, el comercio local o la protección del paisaje, el territorio y la biodiversidad”, incidió. “Tenemos que fijar límites al crecimiento. No se puede crecer indefinidamente”. 

En este mismo ámbito, consideró vital dar soluciones al problema de la vivienda. “No se ha hecho vivienda pública alguna en los últimos 20 años. La carencia es enorme: hay que construir vivienda pública”, dijo, para indicar a continuación que un tercio de las viviendas en Canarias está en manos de extranjeros con poder adquisitivo. Una realidad ante la que remarcó que “hay que limitar esta práctica” y “hay que poner en activo” las más de 211.000 viviendas vacías que existen en las Islas.

En este escenario, se detuvo especialmente en el caso de la vivienda vacacional para afirmar que “han distorsionado el mercado de una manera brutal”, por lo que hay que regularla por seguridad y garantía de calidad para el sector turístico. “Hoy supone un 36% de las camas turísticas totales y se han duplicado desde 2017. No se pueden convertir en una actividad excluyente. El uso de la vivienda por los grandes tenedores para la actividad turística es perverso”, reflexionó.

Puro el acento, por otro lado, en que se deben adecuar al crecimiento de la población los equipamientos y las infraestructuras viarias, sociosanitarias, sanitarias, educativas, hídricas o de tratamientos de los residuos y depuración de aguas, y en que “se requiere una mayor inversión pública para adaptar estos servicios esenciales a la realidad poblacional”.

Del mismo modo, determinó que la administración debe dotarse de los medios humanos adecuados y atajar la burocratización excesiva que padece, para dar viabilidad a las propuestas de una manera muy ágil; así como que es imprescindible implementar políticas que regulen el crecimiento poblacional ligado al sistema económico. Agregó que “la planificación urbana debe priorizar la conservación de espacios naturales y limitar la expansión urbana descontrolada” y que “todas las islas y los municipios tienen que poner al día sus planeamientos municipales o insulares. Gran Canaria ya tiene”.

Dentro de estos mismos planteamientos, defendió una Ecotasa finalista que ayude a corregir y paliar estos efectos. “La experiencia de su aplicación en otros puntos de nuestro contexto europeo o en lugares del Estado español como Baleares indica que no supone ningún impacto en el volumen de negocio. El aumento del IGIC no da respuesta a estas necesidades”, argumentó y llamó a implementar acciones para que “impedir, controlar, limitar o cobrar una tasa de acceso, según cada realidad, a los espacios naturales”. 

En este punto, el presidente Morales abogó por “un turismo que contribuya en mayor medida a romper desigualdades”, mejorando las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras, subiendo los salarios, dignificando la prestación de servicios profesionales al sector con la cualificación y formación necesaria y produciendo mayores beneficios colectivos. “La dignificación, la cualificación, la mejora de las condiciones de trabajo y el aumento de los salarios harían posible una mayor integración de los hombres y mujeres de nuestra tierra en la industria turística y haría menos necesaria la incorporación de personal foráneo”, vaticinó. 

Y, finalmente, aludió a que el sector debe integrarse de una manera efectiva en la sociedad y adquirir un mayor compromiso de responsabilidad empresarial social y económica, participando activamente en el desarrollo de políticas de bienestar social, culturales, deportivas, medioambientales, entre otras muchas. “Y no lo hace. En muchas ocasiones parece demostrar que vive en una burbuja al margen de la realidad social con la que convive. Urge tomar medidas en Canarias de carácter general, sin perder de vista cada una de las realidades insulares”, concluyó.